por Jorge Galindo
Ideele
Muchos accionistas de
Andahuasi se sorprendieron con las revelaciones del artículo “Andahuasi
Episodio I”, que describe cómo el Grupo Wong desarrolló su estrategia, carente
de ética, principios y valores, para lograr una significativa participación en
el accionariado de la Azucarera Andahuasi. Pero el conglomerado Wong no fue el
único que incurrió en barbaridades empresariales: el Grupo Bustamante no era
precisamente una compañía de angelitos de la guarda interesados en salvar a
Andahuasi. Su estrategia fue tanto o más mortífera y destructiva que la del
Grupo Wong. Las líneas que siguen dan cuenta de cómo se maquinó su entrada en
Andahuasi.
En el año 2007 empezaron a
aparecer lo que Núñez Cámara denominaba “terceros”, quienes compraron acciones
de Andahuasi en la Bolsa de Valores; pero ¿quiénes eran estos terceros?
Ducktown Holdings S.A., empresa afincada en Panamá según ficha 426518 del
Registro Mercantil de ese país y que adquirió acciones (32’161.601) de la
azucarera de forma sistemática y muy calculada. ¿Y quién coordinó las
actividades de este holding? Nada menos que Elsa María Paola Bustamante
Letts, hija de Manuel Bustamante Olivares y hermana de Manuel Bustamante Letts
(director gerente de Investa SAB), y María Beatrice Dellepiane y Costa Laurent.
¿Cuál es la procedencia de estos millones de dólares? La SUNAT desconoce estos
movimientos, y la ex CONASEV no se dio por enterada jamás.
Otro de los “terceros” fue
Carlos Dellepiane y Costa Laurent, fallecido en junio del 2009 en un accidente
en México y hermano de María Beatrice Dellepiane y Costa Laurent. Carlos
Dellepiane había adquirido 9,3 millones de acciones. Finalmente, Claudia Romero
Briceño de Bustamante, esposa de Manuel Bustamante Letts, quien compró 1,8
millones de acciones de Andahuasi desde el 2007.
Para los andahuasinos está
ahora muy claro que Núñez Cámara se había dedicado a lucrar con Andahuasi para
beneficio propio, en lugar de hacer lo más razonable para proteger a la
empresa: ponerla en valor mediante una valorización técnica según las normas
del Mercado de Valores. Esto hubiera llevado a Andahuasi a su valor más real,
que bordea los 200 millones de dólares y que representaba en esa época un
precio por acción de S/.2,50 y no el mísero S/.1,00 al que Núñez quiso regalar
las acciones a los Wong, o al S/.1,20 que regateó Manuel Bustamante Letts la
mañana del 22 de mayo del 2009 en la Bolsa de Valores.
Pero ésta es la parte
conocida aún sin resolver por la ex CONASEV, porque no obstante los tres años
transcurridos, los funcionarios no logran aún concluir el proceso
administrativo sancionador contra Investa SAB. La parte desconocida es cómo
Manuel Bustamante Olivares se burló del Poder Judicial y litigó por medio de
sus empleados en cuanto Juzgado pudo; además, declaró a los medios y se zurró
en la inteligencia de los magistrados. Lo que sigue puede parecer increíble,
pero sucedió tal cual lo narramos.
La historia suena a burla.
El 12 de mayo del 2009, Manuel Bustamante Letts (perfil muy bajo) conoció que
Erasmo y Efraín Wong habían dispuesto la compra (30% del accionariado, sin OPA)
de 69 millones de acciones de la subsidiaria Industrial Andahuasi a través del
Banco Interamericano de Finanzas (BIF). Mediante un contrato privado, los Wong
ya habían instruido a Scotia SAB para que presente la operación en una supuesta
“Rueda de Bolsa”, pero se olvidaron de un detalle: 20,3 millones de acciones no
estaban en manos de Scotia SAB, sino en custodia en la Sociedad Agente de Bolsa
Investa.
Así, Carlos Rivas Urteaga
fue enviado el 13 de mayo a Investa SAB a pedir que las acciones en custodia
pasaran en la misma calidad a Scotia SAB, pero se estrelló de narices contra
las puertas de Investa, porque allí le dijeron que volviera al día siguiente
(14/5/2009). En esa segunda oportunidad Rivas Urteaga asistió con la notaria
pública Carola Cecilia Hidalgo Morán, para constatar que no le entregaban los
documentos que permitirían la transferencia de custodia, y así se perdió la
oportunidad de completar los 69 millones de acciones que habían acordado
negociar Núñez Cámara y los hermanos Wong con el BIF.
Es de suponer que los Wong
hayan gritado su cólera a los cuatro vientos, pero el Grupo Bustamante, ni
corto ni perezoso, inventó una convocatoria a Junta General Extraordinaria de
accionistas en Industrial Andahuasi SAC (la subsidiaria) para el día 16 de
mayo, lo que resultaba legalmente imposible. Explicamos por qué.
El artículo 116.° de la Ley
General de Sociedades establece que tiene que haber un plazo previo no menor de
tres días para convocar una Junta Extraordinaria; así, la Junta del día 16 se
debió haber convocado por esquela, cuando menos, el 12 de mayo; y era el
Presidente del Directorio quien debía convocarla. Pero como éste era Núñez
Cámara, no había forma de hacerlo.
Nadie se había percatado de
que el nuevo Directorio de Agraria Andahuasi se había instalado apenas el 13 de
mayo por la noche, lo que se hizo ante el notario público Fernando Loayza
Bellido, de modo que solo en ese directorio se acordaba encargar al nuevo
gerente general, Greco Quiroz Díaz, y al director ejecutivo, David Jiménez
Sardón, representar a Agraria ante la Industrial y solicitar la convocatoria a
una Junta General Extraordinaria para ver el caso de las acciones de Industrial
Andahuasi. De todo lo cual se colige que nunca se dieron los tres días de
anticipación. Para rematar la mala jugada de los Bustamante, Greco Quiroz Díaz
consignó este acto como “Hechos de Importancia” (léase documento público) y lo
comunicó a la entonces CONASEV el 14 de mayo.
Lo sorprendente, y lo que
pone en evidencia al ente regulador (CONASEV) como uno de los más ineptos (o
encubridores), es que no investigó el hecho de que Greco Quiroz Díaz fue el 22
de mayo a una sesión de Directorio en Agraria Andahuasi para manifestar que
había estado presente en “la Junta de Accionistas del 16 de mayo” de Industrial
Andahuasi SAC y había participado en representación de Agraria Andahuasi. Allí
se habían adoptado acuerdos de venta de acciones de Industrial Andahuasi (20,3
millones) que los Wong no pudieron capturar, y se había nombrado como
directores a Hernán Garrido Lecca Montañez, Alberto Farfán Castro, Carlos
Herbozo Pérez Costa. Toda esta farsa había contado con la anuencia de David
Jiménez Sardón, que figura como asistente a “la Junta de Accionistas del 16 de
mayo”.
El primer objetivo (¿botín?)
consistía justamente en capturar las 20,3 millones de acciones de la
subsidiaria que aún quedaban. Con tal propósito, los asistentes a la sesión de
Directorio de Agraria del 22 de mayo (Bustamante Olivares, Jiménez Sardón,
Quiroz Díaz y Zamora Reátegui) convencieron a Wilder Ruiz de que había que
salvar las acciones de la subsidiaria y financiar a Andahuasi; y se ratificó en
actas lo expresado por Greco Quiroz sobre el acuerdo de venta de acciones, como
consta en un video de la sesión. Luego, Bustamante Olivares lanzó un memorable
discurso de compromiso con Andahuasi y de respeto a la estabilidad laboral,
etcétera, etcétera, etcétera.
Entre los días 23 y 25 de
mayo, los accionistas de Andahuasi acudieron con Wilder Ruiz Loayza ante la
presidenta de la CONASEV, Nahil Hirsch, y le expusieron el engaño;
coincidentemente, el 25 de mayo el entonces designado representante bursátil,
abogado del estudio Llona Bustamante y director suplente de Andahuasi, David
Zamora Reátegui, comunicó como hecho de importancia a la CONASEV que se había
acordado la venta de un paquete de acciones de la subsidiaria Industrial
Andahuasi. La CONASEV reaccionó en forma inmediata y le pidió a David Zamora
que presentara la copia del acta de la Junta de Accionistas del 16 de mayo.
Dado el incumplimiento de Zamora, CONASEV emitió la resolución
126-2009-EF/94.01.3, que bloqueaba (afectación contable) los 20,3 millones de
acciones de propiedad de la subsidiaria que el Grupo Bustamante iba a capturar.
El conglomerado Wong no fue
el único que incurrió en barbaridades empresariales: el Grupo Bustamante no era
precisamente una compañía de angelitos de la guarda interesados en salvar a
Andahuasi. Su estrategia fue tanto o más mortífera y destructiva que la del
Grupo Wong.
Inexplicablemente, Greco
Quiroz Díaz, abogado, ex secretario del Sindicato de Trabajadores de la
Azucarera Casa Grande, dio un giro espectacular en su posición y abandonó al
Grupo Bustamante. Quiroz argumentó ante Wilder Ruiz Loayza que el Grupo Wong
era la mejor alternativa de alianza y elaboró un documento de entrega de la
administración de Andahuasi a los Wong (ilegal, por cierto), y solicitó a
Wilder Ruiz que lo firmara para entregarlo a los Wong. La decisión de entrega
duró pocas horas, porque el Comité de Damas de Andahuasi, palo en mano, expulsó
a los 50 vigilantes que había llevado Luis Sin Fon, y por la noche los
accionistas habían recuperado Andahuasi y expulsado de mala manera a Greco
Quiroz (el abogado de los trabajadores).
Fortalecido el Grupo
Bustamante con esta recuperación, decidió dar el tiro de gracia: David Jiménez
Sardón recopiló actas de varios sitios y armó un mamotreto de poderes y
autorizaciones que demostraban su designación como representante legal de
Industrial Andahuasi SAC. Más tarde, el día 11 de junio del 2009, acudió a la
Notaría Ricardo Fernandini Barreda [2], en San Isidro (a dos cuadras de
Investa), y pidió que se emitiera un “Testimonio de aceptación de mandato” por
el cual “aceptó” el acuerdo de la simulada Junta de Accionistas del 16 de mayo.
Con este testimonio David
Jiménez se pasea por la Corte Superior de Huaura y por los pasillos de la Corte
Suprema de la República, fungiendo como representante legal de la Industrial y
hasta denunciando a medio mundo en Andahuasi, cuando lo real es que ha insertado
un acto falso en un instrumento público, con lo que ha engañado al Ministerio
Público y al Poder Judicial por tres años. Para decirlo en crudo: “ha trapeado
a la justicia peruana”.
En paralelo, el Grupo
Bustamante utilizó a su “operador bursátil”, Manuel Bustamante Letts, hijo de
Manuel Bustamante Olivares y gerente general de Investa SAB, para consolidar su
estafa mediante la modalidad de manipulación de precios de millones de acciones
de Andahuasi. De este modo, el 22 de mayo hizo bajar su precio de S/.1,23 a
S/.1,20, lo que fue detectado por la CONASEV, como ha quedado registrado en su
resolución 156-2009-EF/94.01.3, página 9, numeral 36.
Resulta extraño —y raya en
la complicidad o el encubrimiento— que, transcurridos tres años, el ente
regulador de valores en el Perú no haya culminado el proceso administrativo
sancionador iniciado contra Investa SAB sobre esta estafa con manipulación de precios,
que atenta contra el artículo 12.°, incisos a y b, de la Ley del Mercado de
Valores en el Perú, vigente en el 2009.
En el periodo
junio-diciembre del 2009, los accionistas de Andahuasi creyeron ciegamente en
el Grupo Bustamante, se entregaron por completo y le dejaron la parte legal a
su cargo. En otras palabras, le pidieron al ratón que les cuidara el queso,
porque la parte legal era la clave del caso. Se tenían que haber iniciado todos
los procesos legales para declarar la nulidad de las compras masivas y
fraudulentas de acciones, para denunciar el uso indebido de información
privilegiada, la falsificación de documentos, la simulación de actas y hasta la
asociación ilícita para delinquir, amén de la defraudación tributaria. Nada de
esto se hizo, simplemente porque no le convenía al Grupo Bustamante. Y los
accionistas cayeron en la trampa.
El matrimonio del Grupo
Bustamante culmina con una ruptura drástica en diciembre del 2009, cuando
personal de Planinvest (empresa vinculada al Grupo) informa confidencialmente,
a los accionistas de Andahuasi, de un plan para tomar la fábrica usando a
delincuentes salidos del penal de Aucallama. El operador del plan era el
teniente coronel (r) EP Eduardo Tassara Alva, ex jefe de Seguridad en Azucarera
San Jacinto
Más extraño y grave es que
la forma como se produjo la violación de la Ley del Mercado de Valores en el
Perú —mediante actos ilícitos como el uso indebido de información privilegiada,
la estafa, el engaño a la fe pública, la falsificación de documentos y el
fraude en la administración de personas jurídicas— sea enfocada como un acto
administrativo sujeto a corrección vía OPA complementaria.
La gran pregunta es: ¿Por
qué Greco Quiroz Díaz, abogado de profesión y experto en el tema azucarero, no
advirtió a los accionistas que conformaban el sindicato de Andahuasi y que lo
habían contratado de que se requería una OPA, independientemente de cualquier
alianza con uno u otro grupo? Con esa OPA hubieran ganado mucho dinero, y todo
hubiera sido legal.
¿Qué respondería Manuel
Bustamante Letts, directivo de la Bolsa de Valores y de CAVALI, prestigioso
ejecutivo, bachiller en Derecho por la Universidad de Lima, sobre las compras
de acciones de Andahuasi que hizo su padre, Manuel Bustamante Olivares, al
margen de principios éticos de negocios? Y ¿qué decir sobre los 1,8 millones de
acciones que adquirió su esposa?
¿Qué dirían los funcionarios
de la ex CONASEV sobre esto? ¿Que era mejor mantener el proceso administrativo
sancionador hasta que prescribiera? ¿No sabía la CONASEV que la esposa de
Manuel Bustamante Letts era Claudia Romero Briceño? ¿Por qué lo ocultó en su
resolución 156-2009-EF/94.01.3?
Hay más preguntas: ¿Qué
dirán ahora el doctor César San Martín Castro y los vocales de las salas de la
Corte Suprema que ven los casos en los que Industrial Andahuasi SAC,
representada por David Jiménez Sardón y Carlos Herbozo Pérez Costa, los han
hecho trabajar horas y horas, cuando estas dos personas falsearon un mandato
para tener representatividad y se burlaron del Poder Judicial en el Perú?
Tomado de ideele la Revista