La iniciativa modifica el artículo 425 del código para adecuar la definición a los estándares internacionales y a la justicia anticorrupción, para evitar futuros cuestionamientos por parte de quienes aleguen no ser funcionarios públicos.
El proyecto indica que se considera funcionarios o servidores públicos a los que están comprendidos en la carrera administrativa; los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular.
Asimismo, a todo aquel que, independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades y organismos del Estado, “incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta, y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos”.
También, a los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares; los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, y los demás indicados por la Constitución Política y la ley.
Establece, además, que la condición de funcionario o servidor público “se adquiere desde el momento de la designación o la proclamación por la autoridad electoral correspondiente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades”.
En la exposición de motivos se señala la necesidad de adecuar la actual definición del Código Penal, ya que esta es problemática en el ámbito administrativo y penal, pues los conceptos y alcances en estas esferas no coinciden y resultan ser distintos.
“En ese sentido, de aprobarse la propuesta de ley, que amplía el concepto de funcionario publico, se contará con un marco legal fortalecido para luchar contra la corrupción en el país”, agrega el documento dirigido al titular del Congreso, Víctor Isla.
El proyecto lleva la firma del Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, y del titular del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayo
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