La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se aprobó en Mérida (México) en diciembre de 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. Por ser el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante contra la corrupción, la Convención ofrece una posibilidad extraordinaria de promover una respuesta mundial al vasto problema mundial de la corrupción.

Prevención

El capítulo de la Convención dedicado a la prevención contiene medidas de amplio alcance destinadas a los sectores público como al privado.

Entre las medidas propuestas en la Convención figuran políticas preventivas modelo, consistentes, por ejemplo, en establecer órganos anticorrupción y aumentar la transparencia en la financiación de campañas electorales y partidos políticos. Además, los Estados deben velar por que sus funciones públicas estén sujetas a salvaguardias que promuevan la eficiencia, la transparencia y la contratación basada en el mérito. Una vez contratados, los funcionarios públicos deberían estar sujetos a códigos estrictos de conducta.

A fin de prevenir el blanqueo del producto de la corrupción, la Convención pide que los Estados establezcan mecanismos encargados de examinar las transacciones sospechosas, analizar los datos financieros e intercambiar información.

También deben promoverse la transparencia y la obligación de rendir cuentas en asuntos de hacienda pública. Por ejemplo, se deben establecer requisitos concretos para prevenir la corrupción en esferas especialmente delicadas del sector público, como la adjudicación de contratos.

Los ciudadanos tienen derecho a esperar una gran probidad de los funcionarios públicos. Pero también deben implicarse personalmente en la prevención de la corrupción. Por esta razón, la Convención exhorta a los países a que alienten y promuevan activamente la participación de las organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria, así como la de otros elementos de la sociedad civil, y a que despierten la conciencia pública ante la corrupción y lo que puede hacerse frente a ella.

Penalización

La Convención estipula que los países tipifiquen como delito una amplia gama de actos de corrupción, si éstos todavía no se consideran como tal en su derecho interno. Por ejemplo, exige que se penalice el soborno, la malversación de fondos públicos, el blanqueo de dinero y la obstrucción de la justicia.

Además, la Convención contiene una serie de disposiciones en respaldo de la penalización. Entre ellas figuran medidas para promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otros órganos pertinentes, e impulsar la elaboración de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la integridad de las entidades privadas. La Convención trata también el tema de la transparencia en el sector privado.

Recuperación de activos

Un avance importante fue que los países se pusieron de acuerdo sobre la recuperación de activos, que se señala expresamente como "principio fundamental de la Convención".

El descubrimiento y la recuperación de los activos robados es un gran problema. Se trata de un asunto particularmente importante para muchos países en desarrollo en que la corrupción de alto nivel ha volatilizado recursos públicos de los que existe aguda necesidad.

Para llegar a un acuerdo sobre este capítulo se requirieron intensas negociaciones, pues fue preciso conciliar las necesidades de los países que intenten recuperar activos ilícitamente adquiridos con las salvaguardias jurídicas y de procedimiento de los países cuya asistencia se solicite. En varias disposiciones se puntualiza la forma que han de adoptar la cooperación y la asistencia.

En particular, en caso de malversación de fondos públicos, los bienes decomisados se restituirán al Estado Parte requirente; cuando se trate del producto de cualquier otro delito contemplado en la Convención, los bienes se restituirán siempre que se acredite su propiedad o que el país en que se encuentren reconozca los daños causados al Estado requirente; en todos los demás casos, se dará prioridad a la restitución de los bienes decomisados al Estado Parte requirente, a su restitución a los propietarios legítimos anteriores o a la indemnización de las víctimas.

Mediante disposiciones eficaces sobre recuperación de activos se apoyan los esfuerzos de los países por corregir los peores efectos de la corrupción, al tiempo que se hace ver a los funcionarios corruptos que no habrá lugar donde puedan ocultar sus activos ilícitamente adquiridos.

Cooperación internacional

Eliminar la corrupción sería prácticamente imposible de no existir determinadas leyes y prácticas aplicables a los países y gobiernos de todo el mundo. Aquí es donde entra en juego la Convención contra la Corrupción.

A tenor de la misma los países han convenido en cooperar entre sí en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción, incluso la prevención, la investigación, la recuperación de activos y el enjuiciamiento de los infractores. Se trata de que los delincuentes no tengan dónde ocultarse ni puedan huir de sus países para vivir sin temor a ser procesados. Los países quedan obligados por la Convención a prestarse formas concretas de asistencia judicial recíproca en orden a reunir y transmitir pruebas para presentarlas ante los tribunales y extraditar a los delincuentes. También deben aplicar medidas que faciliten la localización, el embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto de la corrupción.

Mecanismos de aplicación

Se instituirá una Conferencia de los Estados Parte encargada de supervisar la aplicación de la Convención en esferas como la movilización de asistencia técnica, la capacitación, la prevención, la penalización de los actos de corrupción y el intercambio de información. La primera reunión se celebrará a finales de 2006.

Además, el Programa Mundial contra la Corrupción de la ONUDD se utilizará para hacer frente al aumento previsto de la demanda de asistencia técnica cuando entre en vigor la Convención. La necesidad en este aspecto es especialmente aguda en vista de la amplitud del mandato derivado del capítulo sobre la prevención. El objetivo principal del citado Programa Mundial es prestar asistencia práctica y fortalecer la capacidad técnica para aplicar eficazmente la Convención. Con tal fin se realizan actividades de ámbito mundial y proyectos concretos en los países. Por ejemplo, la ONUDD actúa como secretaría del Grupo Internacional de Coordinación de la Lucha contra la Corrupción, integrado por organizaciones multilaterales, instituciones financieras internacionales, órganos de supervisión y organizaciones no gubernamentales. Además, en la actualidad el Programa Mundial ejecuta programas nacionales en el Brasil, Camboya, Colombia, Kenya, Nigeria y Sudáfrica.

El Día Internacional contra la Corrupción, que se celebrará el 9 de diciembre, debiera verse, a la vez, como oportunidad de renovar nuestro compromiso en la lucha contra este delito. Se trata de una fecha en que todos debemos reconocer que somos personalmente responsables de poner fin a la corrupción.

¿Qué puedes hacer?

¡Decir NO a la corrupción es importante!

A menudo se piensa que la corrupción es "solo un modo de vida", pero todas las sociedades, así como todos los sectores e individuos, saldrían ganando si se dijera "NO" a ese delito. Veamos algunos ejemplos de cómo usted puede decir "NO" a la corrupción:

· Educar al público acerca de la responsabilidad del gobierno de erradicar la corrupción. Una justicia igualitaria e imparcial para todos es decisiva para la estabilidad y el crecimiento de un país. También ayuda a combatir eficazmente la delincuencia.

· Sensibilizar al público, los medios de información y los gobiernos en cuanto a los gastos que ocasiona la corrupción en servicios clave como la educación y la salud. Toda la sociedad se beneficia cuando los servicios básicos funcionan bien.

· Educar a los jóvenes en su país sobre lo que supone un comportamiento ético, lo que significa la corrupción y cómo combatirla, y alentarlos a que exijan el respeto de su derecho a la educación. Enseñar a las futuras generaciones de ciudadanos a esperar vivir en un país sin corrupción es una de las mejores herramientas para asegurar un futuro mejor.

· Denunciar los casos de corrupción. Creación de un entorno en el que impere el estado de derecho.

· Rehusar toda participación en actividades que no sean lícitas y transparentes. Aumento de las inversiones nacionales y extranjeras. El deseo de invertir en un país aumenta en general cuando se observa que los fondos no terminan en los bolsillos de funcionarios corruptos.

· Fomentar la estabilidad económica asumiendo una actitud de "cero tolerancia" respecto de la corrupción. Una comunidad comercial transparente y abierta es la piedra angular de toda democracia sólida.